La gestión algorítmica plantea riesgos significativos en el ámbito laboral. Por un lado, facilita la discriminación al basarse en patrones poco transparentes. Esto dificulta que las «víctimas» puedan detectar y probar el trato desigual. Por otro lado, incrementa la intensidad del trabajo y reduce la autonomía, hecho que repercute negativamente en la salud física y mental del personal. A la vez, la capacidad de recopilar y procesar datos de manera masiva otorga a la empresa un control exhaustivo. Así, el poder de negociación de las personas trabajadoras disminuye al dificultar su participación en la distribución de los incrementos de productividad. La tecnología, además, se utiliza de manera ofensiva para vigilar y presionar a la baja los salarios. Con algoritmos cada vez más avanzados, es posible predecir y coartar la aparición de líderes sindicales o de reclamaciones colectivas. Este fenómeno se intensifica con la externalización productiva, dado que las empresas principales mantienen un control estricto a través de plataformas tecnológicas, pero eluden responsabilidades legales. Para afrontar estos retos, el texto propone la obligación de negociar y acordar con los representantes de las personas trabajadoras, así como la implementación de auditorías recurrentes de los algoritmos como forma de proteger la dignidad y los derechos laborales.