Este artículo analiza el impacto de la doble transición ecológica y digital en la demanda de competencias laborales, así como, las transformaciones necesarias en los sistemas educativos para abordar estos cambios de manera efectiva y equitativa. La reconfiguración de los procesos productivos genera una creciente necesidad de competencias digitales, verdes y transversales. La digitalización impulsa la demanda de habilidades tecnológicas avanzadas, como por ejemplo la programación, la gestión de datos y la inteligencia artificial. Paralelamente, la transición ecológica exige conocimientos en energías renovables, economía circular, eficiencia energética y gestión ambiental. Ambas transformaciones también acentúan la importancia de competencias blandas, como la capacidad de adaptación, la resolución de problemas y la gestión del cambio.

En Cataluña y España, la evolución del mercado laboral subraya la necesidad de una formación transdisciplinaria y continua que integre estas nuevas exigencias. Para afrontar estos retos, hacen falta estrategias formativas innovadoras, metodologías de aprendizaje activo y una colaboración estrecha entre empresas, instituciones educativas y administraciones públicas. Finalmente, garantizar una transición inclusiva es esencial para evitar desigualdades y asegurar que los beneficios sociales, económicos y ambientales se distribuyan equitativamente. El éxito de esta doble transición dependerá de la capacidad de adaptación de los sistemas educativos y de su conexión con las necesidades del mercado laboral.

En un mundo cada vez más consciente de la importancia de la sostenibilidad, la transparencia en las prácticas empresariales se ha convertido en una prioridad. Como respuesta a esta demanda, la Unión Europea emitió en diciembre de 2022 la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, por sus siglas en inglés), la cual introduce requisitos más estrictos para la presentación del informe de sostenibilidad. Esta normativa redefine la forma en la que las empresas deben reportar sus impactos, riesgos y oportunidades en materia ambiental, social y de gobernanza (Environmental, Social, and Governance, ESG), y fomenta una mayor transparencia y alineación con los marcos regulatorios internacionales, permitiendo que inversores, reguladores y otros grupos de interés puedan tomar decisiones informadas sobre el nivel de sostenibilidad de una organización. El artículo analiza la Directiva CSRD, destacando sus principales beneficios y obligaciones para las empresas en la elaboración de los informes de sostenibilidad, y también examina el posible impacto de la propuesta de Directiva ómnibus I de la UE, presentada en febrero de 2025, y su impacto en la implementación y alcance de la CSRD.

En los últimos años, el interés por la inteligencia artificial (IA) ha crecido sustancialmente. La disponibilidad de grandes volúmenes de datos, los adelantos en la capacidad de cálculo y la invención de nuevos métodos y algoritmos han hecho posible entrenar modelos más precisos y fiables que pueden aplicarse con éxito en contextos reales. Este interés creciente se ha disparado todavía más con la aparición de nuevos métodos de IA generativa (IAG), capaces de sintetizar texto, imágenes, vídeo, audio o código a partir de las indicaciones de los usuarios. La popularidad de la IAG, junto con la aparición de nuevas versiones cada vez más sofisticadas que requieren más recursos para su creación y ejecución, ha abierto el debate sobre su escalabilidad a largo plazo. En este artículo analizaremos la IAG desde el punto de vista de la sostenibilidad, considerando el impacto actual y las previsiones de futuro, identificando las tendencias y tecnologías más prometedoras para hacer la IAG más sostenible a largo plazo.

Este documento analiza la sostenibilidad del sistema de pensiones en España en el marco del estado del bienestar. Se destaca que las pensiones son fundamentales para proporcionar seguridad económica y reducir la pobreza entre la población jubilada. A pesar de esto, se alerta sobre la carencia de recursos para afrontar las obligaciones de pensiones a largo plazo, con el envejecimiento de la población y otros factores demográficos como desafíos principales.

Se subraya que las tensiones financieras del sistema de pensiones español son evidentes, con un aumento constante de personas jubiladas y del gasto en pensiones a lo largo del tiempo, mientras que las afiliaciones a la Seguridad Social tienen un comportamiento más volátil.

Se pone de manifiesto la relación directa entre los cambios demográficos, como el envejecimiento de la población, la baja tasa de fecundidad y la precariedad del sistema de pensiones. Se apunta que las proyecciones demográficas indican una mayor proporción de personas dependientes respecto a los contribuyentes activos, de forma que pone en cuestión la capacidad del sistema para mantener beneficios adecuados.

Para abordar estos desafíos, se propone repensar el estado del bienestar y adoptar políticas públicas sostenibles que promuevan una distribución equitativa de los recursos. Se destaca la importancia de incrementar la edad de jubilación, alargar la vida laboral y vincular las pensiones a la esperanza de vida.

Las universidades pueden ser consideradas un elemento clave para promover el desarrollo sostenible por medio de la educación, la investigación, la innovación y el liderazgo social. En este artículo, centrado en el ámbito educativo, discutimos la necesidad de proporcionar a los estudiantes los conocimientos y las habilidades necesarias para poder comprender y abordar los retos que plantea la sostenibilidad. Para ello, será muy importante introducir la sostenibilidad –y también otros conceptos relacionados– en los currículums universitarios y, en especial, en las enseñanzas de Economía y Empresa, en las que en estos momentos se están formando los futuros líderes empresariales. Por este motivo, el artículo que se presenta tiene un doble objetivo, por un lado, dar respuesta a la pregunta: qué estamos enseñando sobre esta temática en las universidades y, en concreto, en las enseñanzas de Economía y Empresa; y por otro: cómo lo estamos integrando en los planes de estudios. El artículo hace un repaso en el tiempo de las principales materias que han tratado esta temática –desde la ética empresarial hasta los criterios ASG, pasando por la RSC–, y plantea diferentes estrategias para integrar estos contenidos en los planes de estudios.

La responsabilidad social de las empresas y organizaciones hacia sus grupos de interés y hacia el planeta ha ido evolucionando y cambiando a medida que también lo ha hecho la geopolítica y la economía global basada en la globalización de mercados y de capitales. El planteamiento del presente trabajo es prospectivo, con una aproximación a largo plazo. Se presentan cuáles son los principales retos a los que empresas y sociedad se enfrentan en este momento, y las tendencias que, desde empresas, y think tanks internacionales, se están desarrollando para afrontar dichos retos. Del mismo modo, la Unión Europea, con su taxonomía, exige a las empresas un mayor cumplimiento con las premisas del Pacto Verde. La sociedad civil también es un elemento clave a la hora de exigir empresas más comprometidas y capaces de generar respuestas a los retos globales y locales. Ello pasa por tener una educación que forme una ciudadanía más consciente y empoderada, capaz de exigir a las empresas que su actividad esté alineada con el desarrollo sostenible.

La confluencia de distintos factores está generando un mayor acercamiento de las empresas a la sociedad. Por un lado, la necesidad comercial de establecer canales permanentes con los consumidores exige a las empresas convertirse en sistemas abiertos y, con ello, la asunción de obligaciones ciudadanas con la sociedad. Por otro lado, la situación calamitosa del planeta está generando una alarma general de peligro que apela con urgencia a la colaboración y el compromiso de todos los agentes sociales, especialmente de las organizaciones productivas.

Para conseguirlo, se están implementando enfoques poderosos, como la responsabilidad social y la sostenibilidad, creados para generar una transición productiva que sea beneficiosa para todos, sociedad, empresas y medio ambiente. El plan de acción ya está trazado, con un pacto aprobado por la Asamblea General de la ONU (Agenda 2030), con un patrón de gobierno empresarial consistente (ESG) y con unos objetivos realistas (ODS). Este recorrido, ordenado y firme, permite compatibilizar la conservación del planeta, con la calidad de vida y el bienestar social de sus moradores.

Como señalan los Estados en la resolución de la Agenda 2030, «estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales».

El objetivo principal es implantar una nueva sociedad sostenible que resuelva los graves problemas a los que nos ha llevado la sociedad industrial. Una sociedad comunitaria justa y solidaria que tenga en cuenta la salud y la concordia de la humanidad y su entorno de vida. En definitiva, una sociedad que utilice la libertad para el crecimiento de las personas, la igualdad para reconocerse como semejantes y la fraternidad para cuidarse entre todos.

La aceleración del cambio climático que estamos observando está desencadenando una de las crisis globales más profundas y amenazantes para garantizar un planeta justo y habitable para los más de 8.000 millones de habitantes y para la biosfera. La crisis climática es tan significativa y grave que ya se habla de emergencia climática. Nos encontramos en un contexto global en que el traspaso de los límites planetarios, en particular los relacionados con la emergencia climática, tiene unos efectos claros en nuestro día a día, especialmente de manera desigual e injusta. Las organizaciones, en toda su diversidad, no pueden eludir el debate necesario sobre cómo se tienen que adaptar al nuevo contexto de emergencia climática y a la mitigación y a la adaptación, sin caer en el blanqueo verde. Se tendrán que encontrar nuevas métricas, más allá de las certificaciones verdes actuales, que puedan capturar e incentivar la descarbonización y la transición ecológica de las organizaciones. Evidentemente, esto requiere un cambio profundo en las lógicas de crecimiento económico continuo que transciende las voluntades individuales de las organizaciones y requiere un profundo cambio social, cultural y político-económico en las prioridades que tenemos como sociedad.

Partimos de la definición del concepto de sostenibilidad del Informe Brundtland (1988) para analizar los aspectos clave y observar la esencia de la naturaleza humana. Nos damos cuenta de que la manera de satisfacer las necesidades de las personas es clave para optimizar la calidad de vida, integrarnos de nuevo en la naturaleza y lograr los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS). La estrategia que hay que seguir es la cooperación entre las partes interesadas acercando los lugares de residencia, trabajo y consumo para poder disponer de espacios de encuentro en la proximidad de los barrios, pero también dentro de las empresas, de las administraciones públicas y de las entidades no lucrativas. Dado que se trata de satisfacer las necesidades humanas básicas en la sociedad de consumo que hemos construido, identificamos los indicadores de calidad de vida que nos permiten analizar la sostenibilidad de las organizaciones y de los productos a lo largo de su ciclo de vida. La aplicación de los indicadores de calidad de vida puede ser básica en nuestras decisiones individuales y colectivas de compra cotidiana, tanto pública como privada, para tomar conciencia y para hacer camino, con paso firme, hacia la sostenibilidad. También nos será de gran utilidad para diseñar políticas públicas sostenibles, incluidas las de contratación pública.

En una coyuntura socioeconómica como la actual, es difícil entender el futuro de las organizaciones sin tener en consideración la responsabilidad social. Mirar a este futuro con ciertas garantías de éxito requiere echar la vista atrás para aprender y coger impulso. En este artículo se presenta la evolución de la responsabilidad social durante los últimos veinticinco años, analizando las iniciativas internacionales y nacionales, los instrumentos legislativos y el marco autorregulador, el progreso en el compromiso y nivel de implicación de las organizaciones, así como las consecuencias de la COVID-19. Se constata un avance importante, con organizaciones que son cada vez más conscientes del impacto de sus actividades, tomando decisiones socialmente responsables más allá de las obligaciones legales. No obstante, todavía queda mucho por hacer en la gestión de una responsabilidad social que garantice la sostenibilidad y el desarrollo sostenible en el medio y largo plazo.