La hoja de ruta hacia una economía descarbonizada 2050 de la Unión Europea plantea que el objetivo de la política energética y medioambiental de la Unión Europea es conseguir reducir las emisiones de CO₂, de cara al 2050, a un nivel inferior al 80% del nivel de emisiones de 1990. Este artículo explicará, en su primer apartado, que este objetivo de descarbonización no significa apostar por una transición energética hacia las fuentes renovables, sino un cambio en el tipo y la localización de fuentes fósiles –«limpias»– utilizadas. En el segundo apartado se mostrará que las inversiones, infraestructuras y tratados que se proponen para llevar a cabo esta transformación conducirán a la creación de grandes monopolios energéticos y a la regionalización del espacio geoenergético europeo. Por último, concluiremos diciendo que si no se aplican medidas para compensar el poder de los monopolios, lo que crearán estas reformas serán unas baronías energéticas en el seno del espacio europeo.

La sostenibilidad de la Unión Europea pasa por la disminución de sus divergencias estructurales. Bajo esta premisa, y teniendo en cuenta que la política de I+D es clave para avanzar en la transformación productiva de los países de la UE menos avanzados tecnológicamente, la Comisión Europea acordó con cada uno de los Estados miembros unos compromisos relativos al esfuerzo en I+D (gasto en I+D en relación con el producto interior bruto) que deberían alcanzar en el año 2020. En nuestro trabajo ponemos de manifiesto la baja probabilidad de alcanzar esos compromisos, especialmente para los países con mayores necesidades de transformación productiva, entre ellos España. Y en ese mal pronóstico desempeñan un papel clave las políticas de austeridad impuestas por la propia Comisión Europea a esos mismos países, las cuales han golpeado de manera dramática en sus presupuestos públicos de I+D. En este escenario, la UE está avanzando hacia una mayor divergencia, lo cual genera mayores dudas acerca de su propia viabilidad.

En el presente artículo se tratan de valorar los cambios institucionales que se han acometido en los últimos años para reformar la Unión Económica y Monetaria (UEM). Para ello, de entrada, se recuerda brevemente la estructura institucional con que se dotó inicialmente la UEM para después revisar con mayor detalle la secuencia de crisis que han asolado a la moneda única desde la Gran Recesión de 2008. En particular, se presentan las dificultades que ha tenido la eurozona para desarmar los vínculos que han retroalimentado, y empeorado, tres crisis simultáneas: la de crecimiento, la de la deuda soberana y la bancaria. Visto este contexto, se vinculan los principales cambios institucionales de la UEM con los canales de transmisión de las tres crisis anteriores. Finalmente, se analiza la cuestión de si estas innovaciones institucionales, que configuran de hecho una nueva UEM, mejoran su sostenibilidad futura. La conclusión final no es del todo alentadora.

Las industrias de red han experimentado cambios muy importantes en las últimas tres décadas en todo el mundo, y previsiblemente seguirán experimentándolos, impulsadas por cambios tecnológicos y económicos y también por las luchas de grupos de interés enmarcadas por parámetros institucionales e ideológicos. En la Unión Europea los cambios han ido acompañados por una creciente implicación del nivel comunitario, sin llegar a la creación de redes europeas. Paradójicamente, puede ser beneficioso para la resolución de los dilemas que se presentan en el sector eléctrico que no esté demasiado desarrollado un demos europeo, aspecto que se presenta problemático desde otros puntos de vista. Un demos europeo consolidado implicaría la existencia de una arena política europea arraigada, con una opinión pública europea, unos partidos políticos europeos, unos lobbies operando a nivel europeo... La razón por la cual esta falta de desarrollo del demos europeo puede ser favorable en sectores como el eléctrico o el de las telecomunicaciones es que esto permitiría despolitizar las intervenciones públicas en este tipo de sectores. A pesar de que la Unión Europea ha desempeñado ya un papel importante aumentando la competencia en estos sectores, puede tener un papel mucho más importante en el futuro avanzando hacia un auténtico mercado integrado donde existan redes realmente de alcance europeo.

El proyecto de unificación económica y monetaria se sustentaba en la perspectiva de que una mayor estabilidad macroeconómica favorecería el progreso de las condiciones de vida de la población europea, principalmente en el caso de los países con menor nivel de renta. La productividad laboral es uno de los principales indicadores de competitividad internacional de una economía y revela, al mismo tiempo, la capacidad de una sociedad para mejorar su bienestar. El análisis de su evolución nos muestra cómo las opciones de convergencia en productividad están condicionadas por el modelo de crecimiento económico impulsado y por la estrategia actual de respuesta a la crisis financiera.

La UE mantiene un buen posicionamiento en muchos indicadores de competitividad global, con el comercio extra-UE –tanto en mercancías como en servicios– en destacadas posiciones, pese a los problemas recientes de crecimiento que han afectado más al comercio intraeuropeo. La calidad de las exportaciones europeas, el papel de la «factoría Europa» y la capacidad para mantener dinámicas de creatividad e innovación son rasgos positivos relevantes que es preciso salvaguardar plenamente ante el creciente empuje de las economías emergentes en todas esas dimensiones. Para ello, es necesario reforzar la solidez de la UE como actor global, así como implicar a una masa crítica creciente del tejido productivo. Por otra parte, las tendencias a megaacuerdos comerciales regionales, con proyectos de acuerdos en los ámbitos Atlántico y Pacífico, plantean nuevas formas de establecer reglas en el comercio mundial que requieren una respuesta modulada y matizada de la UE.