Aunque la hacienda pública, entendida como una organización de la actividad financiera del sector público, en su doble vertiente de ingresos y gastos, se puede considerar tan antigua como los primeros estados organizados, se había orientado inicialmente al desarrollo y financiación de actividades relativas a la seguridad exterior, al orden interno, al sistema de justicia y a los gastos relativos al mantenimiento de la jefatura del estado.

Fue necesario esperar a finales del siglo XIX, y con mayor precisión, a la etapa entre las dos guerras mundiales (fundamentalmente a finales de la última) para que hiciera su aparición el Welfare State, el estado del bienestar, tal y como lo conocemos en nuestros días. La intervención estatal ha sido especialmente relevante en: las pensiones y transferencias públicas; los servicios públicos en sanidad; la educación y otras cuestiones sociales; las normas de protección de trabajadores; los consumidores y ciudadanos en general; y las políticas orientadas a incentivar la creación y el acceso al empleo, tanto público como privado.

Sin embargo, la evolución del sector público necesaria para mantener el estado del bienestar ha mostrado una tendencia muy marcada orientada a su crecimiento, que no se ha visto acompañada de la mejora, cuantitativa y cualitativa de los bienes y servicios públicos ofrecidos. A lo largo de las últimas décadas, el estudio de estas cuestiones ha permitido identificar una serie de variables, propias del funcionamiento del propio sistema democrático y de la burocracia, que explican su crecimiento poco eficiente, y que conviene identificar y corregir para obtener un estado del bienestar justo y eficiente.