Este estudio propone una metodología para la cuantificación del flujo de conocimiento en empresas manufactureras españolas, utilizando datos de la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE). Se desarrolla un índice compuesto basado en un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) con variables latentes, eliminando la arbitrariedad en la ponderación de las dimensiones. El análisis incluye siete dimensiones clave relacionadas con innovación, I+D, organización del trabajo e internet. Los resultados muestran que las dimensiones asociadas a la I+D tienen un mayor impacto en el flujo de conocimiento y, en última instancia, en la productividad empresarial. La combinación de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) y la adopción de nuevos métodos organizativos en el entorno laboral presenta una relación positiva y estadísticamente significativa con el aumento de la productividad. Estos hallazgos respaldan la necesidad de que las empresas adopten estrategias que integren tanto el desarrollo tecnológico como la innovación organizativa. En este contexto, el índice de flujo de conocimiento refuerza la relevancia de ambas dimensiones. Este enfoque ofrece una herramienta estadísticamente válida para evaluar la competitividad empresarial y subraya la importancia de integrar tecnología e innovación organizativa en las estrategias corporativas.

Aunque la hacienda pública, entendida como una organización de la actividad financiera del sector público, en su doble vertiente de ingresos y gastos, se puede considerar tan antigua como los primeros estados organizados, se había orientado inicialmente al desarrollo y financiación de actividades relativas a la seguridad exterior, al orden interno, al sistema de justicia y a los gastos relativos al mantenimiento de la jefatura del estado.

Fue necesario esperar a finales del siglo XIX, y con mayor precisión, a la etapa entre las dos guerras mundiales (fundamentalmente a finales de la última) para que hiciera su aparición el Welfare State, el estado del bienestar, tal y como lo conocemos en nuestros días. La intervención estatal ha sido especialmente relevante en: las pensiones y transferencias públicas; los servicios públicos en sanidad; la educación y otras cuestiones sociales; las normas de protección de trabajadores; los consumidores y ciudadanos en general; y las políticas orientadas a incentivar la creación y el acceso al empleo, tanto público como privado.

Sin embargo, la evolución del sector público necesaria para mantener el estado del bienestar ha mostrado una tendencia muy marcada orientada a su crecimiento, que no se ha visto acompañada de la mejora, cuantitativa y cualitativa de los bienes y servicios públicos ofrecidos. A lo largo de las últimas décadas, el estudio de estas cuestiones ha permitido identificar una serie de variables, propias del funcionamiento del propio sistema democrático y de la burocracia, que explican su crecimiento poco eficiente, y que conviene identificar y corregir para obtener un estado del bienestar justo y eficiente.